Unidas por Mérida (Izquierda Unida – Podemos) propone al gobierno municipal que modifique algunos de los elementos que forman parte de la configuración del bono-consumo, referidos a la determinación de sus beneficiarios y al modo de distribución y acceso.
El diseño de la campaña realizada durante el pasado verano por parte del ayuntamiento de Mérida para la fomentar el consumo en el pequeño comercio local adolecía de algunas incongruencias y errores que deberían corregirse, vista la intención del gobierno municipal de repetir la iniciativa durante 2021.
La concepción del bono-consumo como una ayuda destinada al fomento del consumo del conjunto de la población, entendemos que carece de fundamento, además de socavar la eficacia económica que pretende la iniciativa.
La finalidad de potenciar el consumo tendrá un impacto más certero, desde el momento en el que los bonos-consumo se dirijan a las capas de población con menor capacidad para satisfacer sus necesidades, pues resulta difícil pensar que las personas que habitualmente gastan menos de lo que ingresan vayan a aumentar sus gastos, puesto que voluntariamente no suelen hacerlo.
La mejor forma de garantizar que el importe de la campaña se traduzca en un incremento neto del consumo local, es poniendo el dinero destinado a este programa en manos de los clientes que no disponen habitualmente de una capacidad de consumo satisfactoria, pues un incremento de su capacidad para comprar se traducirá inmediatamente en un incremento de su consumo.
La entrega de bonos de consumo a las personas con unos ingresos saneados, implicará únicamente la sustitución del dinero propio por el dinero aportado por el ayuntamiento, pero no necesariamente un incremento del volumen de consumo que protagonizará este segmento de población, que habitualmente satisface todas sus necesidades de compra.
La limitación de los beneficiarios del bono consumo según criterios de renta permitiría, en primer lugar, garantizar de un modo más eficaz el incremento del gasto de las familias, y en segundo lugar, permitiría de un modo más efectivo la aplicación de los fondos públicos a la satisfacción de necesidades más acuciantes por parte de las familias con menos recursos, fácilmente identificadas a través de los programas de ayudas y prestaciones sociales.
En estos términos, la introducción de un criterio de renta en la condición de beneficiario de los bonos-consumo, permitiría incrementar la cuantía de los mismos, puesto que el número de beneficiarios sería menor, al tiempo que incorporaría un factor de redistribución de la renta al programa municipal.
Por otra parte, entendemos que el mecanismo de distribución física de los bonos-consumo empleado por el ayuntamiento de Mérida a través del reparto en los buzones de los domicilios, resulta del todo injusto e ineficaz, por lo que resulta del todo necesario sustituirlo por la recogida y entrega personal en dependencias municipales de las personas a las que previamente se les defina como beneficiarios, según los criterios determinados más arriba.
Por todo ello, instamos al gobierno municipal a que tomen en consideración las propuestas realizadas, y las incorpore con el propósito de mejorar las condiciones que permitan obtener un mayor grado de eficacia en el cumplimiento de los fines propios del programa.