Unidas por Mérida (Izquierda Unida – Podemos) propone que se eliminen los artículos del reglamento y las ordenanzas municipales que obligan a pagar una fianza para acceder al servicio municipal de aguas de viviendas particulares y negocios.
En la actualidad, las personas que decidan contratar el servicio de agua están obligadas a pagar una fianza que quedará en depósito para hacer frente a posibles incumplimientos en el pago de la factura del agua.
Desde la confluencia local entre Izquierda Unida y Podemos, entendemos que esta obligación es injusta, dado que presume la realización de un incumplimiento, que no se ha producido, y que en la mayoría de los casos nunca llega a producirse, pues una abrumadora mayoría de los abonados paga sus facturas sin ningún tipo de incidencia.
A esta circunstancia debemos sumarle que la empresa concesionaria no emplea las cantidades que se depositan a su favor como fianza en la finalidad para la que está creada, puesto que en caso de impagos, la empresa requiere al abonado la cuantía íntegra del impago, y no la fracción de la deuda que supera el importe la fianza previamente depositada por el cliente.
Por otra parte, la extinción del contrato debida a causas como el fallecimiento el titular, el traslado de domicilio a otro municipio, o la venta del inmueble no supone la devolución automática de la fianza, si no que ésta únicamente será devuelta al cliente en los casos en los que la solicite expresamente a la empresa, algo que no ocurre en multitud de ocasiones.
Así, el pago de una fianza que por parte de los vecinos y vecinas de la ciudad de Mérida, supone el pago de una cantidad cercana a los 100€, por la que no reciben ninguna prestación, y que finalmente no sabemos en qué se emplea por parte de la empresa, que en vista de todo lo anterior, dispone de la cantidad correspondiente a todas las fianzas aportadas en cada uno de las cerca de 29.000 viviendas que existen en Mérida, , sin que suponga para ningún tipo de obligación para la empresa.
Las cantidades afectadas a esta finalidad, en ningún caso disponen de la consideración de ingreso por la prestación del contrato, por lo que la eliminación de esta obligación no supone una alteración del régimen económico del contrato, ni por tanto de la obligación adquirida por el Ayuntamiento de Mérida de garantizar el equilibrio económico-financiero de la concesión.
La derogación de esta fianza y la devolución de los importes de las fianzas vigentes a los propietarios de las viviendas, fue aprobada en el pleno del Ayuntamiento de Mérida durante la legislatura pasada, sin que hasta la fecha el gobierno de Rodríguez Osuna haya tomado ninguna iniciativa al respecto, lo que exige una explicación por parte del gobierno del PSOE a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad.
Por todo ello, exigimos al gobierno municipal que lleve a efecto el acuerdo que se aprobó en su momento y cumpla la palabra dada en el pleno de nuestra ciudad.