Unidas por Mérida (Izquierda Unida – Podemos) acusa al gobierno municipal de vulnerar los derechos de los trabajadores municipales implicados en la demanda de ruidos en relación con la actividad de varios bares de Mérida, por negarles el derecho de asistencia jurídica.
Según dispone el Estatuto Básico del Empleado Público, los empleados públicos tienen derecho a la asistencia jurídica y la defensa por parte de la administración, en los casos en los que se vean implicados en alguna causa judicial por el ejercicio legítimo de sus funciones.
En los últimos años, varios trabajadores municipales se han visto implicados en diversos procesos judiciales en la condición de imputados o investigados, debido a las demandas interpuestas por vecinos de la ciudad contra la forma en la que el ayuntamiento gestionó las quejas presentadas por los mismos ante los ruidos generados por la actividad de determinados locales.
Pese al reconocimiento expreso por parte de la legislación vigente del derecho de los empleados municipales a recibir la defensa jurídica por parte del ayuntamiento en estos procesos judiciales, el gobierno municipal se ha negado en diversas ocasiones a sufragar los gastos generados por estos procesos, aun cuando se ha producido la absolución de los implicados y las sentencias reconocen la inocencia de los funcionarios.
La negativa del ayuntamiento, y más concretamente de la delegación de personal, ha perdurado en el tiempo, hasta el punto en el que una nueva sentencia judicial dio la razón a alguno de estos trabajadores que recurrió contra la negativa del ayuntamiento a sufragar los gastos derivados por la defensa.
Esta situación resulta aún más vergonzosa desde el momento en el que el propio alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, está utilizado actualmente a los servicios jurídicos del ayuntamiento para que le representen en un juicio que en estos momentos se encuentra en proceso, y que tiene su causa en una demanda interpuesta por el propio Osuna contra dos vecinos de Mérida, a los que acusa de un delito de injurias.
En nuestra opinión, resulta lamentable que el mismo alcalde que niega la protección legal a los empleados municipales que se ven envueltos en procesos judiciales vinculados al ejercicio de sus funciones como empleados públicos, utilice los servicios jurídicos del ayuntamiento que pagamos todos los vecinos y vecinas de Mérida, para solventar sus cuitas legales con vecinos de nuestra ciudad, que en ningún caso tienen relación con su condición de alcalde.
Desde aquí, exigimos a Rodríguez Osuna que respete los derechos de los trabajadores, y no se aproveche de su condición de alcalde para utilizar los recursos municipales en beneficio propio. O dicho de otro modo, le pedimos al señor alcalde que pague con su propio dinero los litigios judiciales a los que quiera hacer frente, en aquellos casos –en los que como éste- no tienen su origen en su condición de alcalde.