Los argumentos expuestos por el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida pretenden justificar el dictamen de una resolución contraria a la normativa que regula el planeamiento urbanístico y la conservación del patrimonio arqueológico en nuestra ciudad.
La respuesta del Consorcio no aborda en profundidad la problemática planteada: es decir la autorización por parte del Consorcio de un régimen de intervenciones arqueológicas en las obras de rehabilitación del Convento de las Concepcionistas, en contra de la normativa vigente; de tal modo que se nos antoja más como una confesión tácita de los incumplimientos que hemos denunciado, que como una réplica solvente a las tesis defendidas por nuestro grupo municipal.
Frente a la evidencia de estos hechos, los responsables del Consorcio adoptan una actitud defensiva rozando incluso el ridículo en las consideraciones que exponen en su nota de prensa, en la que llegan a comparar la obra de las características y envergadura del convento de las concepcionistas, una de las áreas arqueológicas más importantes de la ciudad, con la “reforma de un cuarto de baño”, y ahondan además en acusaciones sectarias hacia Unidas por Mérida al señalar que “quieren paralizar la ciudad”, cuando lo único que se pretende es llamar la atención sobre una actuación que entendemos irregular y pone en peligro el patrimonio arqueológico de la ciudad, declarado patrimonio cultural de la humanidad.
La parcela del convento de las concepcionistas -además de su iglesia y restos de dependencias del convento- se encuentra edificado sobre la presunta ubicación del foro provincial romano de la antigua Emérita Augusta, por lo que las obras de rehabilitación suponen una excelente oportunidad para mejorar y ampliar nuestro conocimiento sobre el patrimonio histórico y arqueológico de la ciudad, que, conviene recordar en este punto, es una de las principales prioridades del consorcio de la ciudad monumental.
Tal y como hemos señalado detalladamente en la solicitud dirigida a la consejería de cultura, el artículo 9.17 del plan de protección especial, en su apartado b.1 establece expresamente: “previamente al inicio de cualquier parte de las obras que supongan remoción en la superficie o en el subsuelo deberá realizarse una excavación arqueológica que abarcará la totalidad de la parcela. la excavación se realizará sin sondeos previos con medios mecánicos”.
Por el contrario, la autorización dictada por el Consorcio, limita la intervención a “la zona de remoción del subsuelo”. La actuación autorizada por el consorcio, no solo es contraria a la normativa, sino que implica para el contratista al que se le adjudique la obra intervenciones arqueológicas parciales y limitadas, que forzosamente se traducirán en un resultado que se adecúa al interés científico de los restos ubicados bajo el convento de las concepcionistas.
Así, resulta indudable que la excavación integral de los restos arqueológicos del foro provincial romano que pudieran encontrarse bajo la parcela del convento de las concepcionistas, resulta mucho más relevante que la rehabilitación de ese mismo espacio como plaza pública, más aún cuando ambos fines resultan absolutamente compatibles.
En estos términos, nos vemos en la obligación de recordar a los responsables del consorcio que el contenido del plan de protección especial es de obligado cumplimiento, y que por tanto no puede estar sujeto a debates subjetivos o a criterios de oportunidad.
Los argumentos expuestos por el propio Consorcio según el cual la realización de las intervenciones exigidas por la normativa resultan inviables, nos provocan una indignación difícil de describir, si tenemos en cuenta que el propio consorcio es el órgano competente para la garantizar su cumplimiento de la normativa que viene a menospreciar. En nuestra opinión, la actitud mostrada por los gestores de esta entidad viene a explicar, algunas de las intervenciones protagonizadas por el Consorcio en los últimos tiempos.
Desde aquí nos gustaría señalar que la competencia del Consorcio de la ciudad monumental no es determinar la viabilidad de los proyectos, sino vigilar el cumplimiento de la normativa de protección del patrimonio en todos aquellos proyectos en los que se aplican las normas urbanísticas vigentes en Mérida.
Desde Unidas por Mérida, no alcanzamos a comprender los argumentos de inviabilidad expuestos por el consorcio, cuando se trata de la realización de un proyecto integral de rehabilitación en una obra promovida por una administración pública, y que por tanto, proporciona un margen de actuación mucho más amplio que en aquellas actuaciones cuyos promotores son empresas privadas, que en Mérida siempre hacen el esfuerzo para adoptar todas las medidas necesarias para la protección y respeto del patrimonio arqueológico.
Lo más irritante de esta situación es que sus protagonistas sean precisamente los poderes públicos que deben cumplir y hacer cumplir la normativa, y que habitualmente exigen a los particulares condiciones que el propio Consorcio se niega a exigir al Ayuntamiento de Mérida.
Finalmente, exigimos al Consorcio que ejerza sus funciones con un mayor grado de rigor, responsabilidad y profesionalidad, en lugar de intentar desprestigiar la labor de oposición de un grupo municipal, cuyo único interés en este asunto es la protección de nuestro patrimonio arqueológico y garantizar el respeto de la normativa vigente.