Unidas por Mérida (Izquierda Unida – Podemos) acusa al Consorcio de la Ciudad Monumental de fomentar la precariedad y los bajos salarios de parte del personal que desempeña las funciones auxiliares de taquilla, control de accesos y supervisión de recintos arqueológicos.
La privatización realizada por el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida de los servicios de taquilla y control de acceso, se traduce en la aprobación por parte de esta entidad de condiciones de trabajo en los que los salarios de miseria y la precariedad laboral se convierten en una norma para los trabajadores que prestan estos servicios a través de la empresa adjudicataria.
Los procedimientos sancionadores iniciados por parte de la administración de la seguridad social contra alguna de las empresas que en el pasado han sido adjudicatarias de estos servicios, no parecen ser argumentos suficientes para que el Consorcio de la Ciudad Monumental decida apostar por la contratación directa como forma de aglutinar un servicio de calidad y unas condiciones laborales dignas.
Muy al contrario, a pesar de las dudas más que razonables sobre las repercusiones que han tenido sobre las personas que hasta la fecha prestaban estos servicios a través de empresas privadas, el Consorcio ha reincidido en una forma de gestión en la que se prima el abaratamiento de los costes sobre la mejora de las condiciones laborales, y todo a costa del bienestar de los trabajadores y trabajadoras.
A estos efectos, según la documentación que regula el proceso de adjudicación de estos servicios, el salario bruto anual de las personas que desempeñen las funciones de auxiliar de controlador a tiempo completo apenas alcanza los 14.907,96€, y el de las personas que trabajan como auxiliar de taquilla 13.299,96€.
Según experiencias pasadas, la privatización de estos servicios se ha traducido en sueldos de miseria, puesto que el importe que recibía la empresa por la realización de estas funciones iba destinado de un modo desproporcionado a garantizar los beneficios empresariales, a costa de salarios miserables, más allá de las posibles irregularidades que podrían haberse cometido en el pago de las obligaciones de la empresa en materia de seguridad social.
La privatización iniciada, de nuevo, por el Consorcio, pone de manifiesto el desprecio por parte de sus responsables con respecto a las condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras, así como de sus familias.
El respeto a unas condiciones mínimas para los trabajadores, se pone en situación de riesgo desde el momento en el que el Consorcio autoriza la subcontratación de los servicios por parte del adjudicatario en beneficio de un tercero, lo que habitualmente es poco menos que la fórmula perfecta para deteriorar todavía más las condiciones laborales inherentes a los servicios privatizados.
Todo lo anterior supone, en nuestra opinión, una agresión a las condiciones laborales y de vida de los trabajadores y las trabajadoras que se verán afectadas por un deterioro decidido unilateralmente por los responsables del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida.